Por Francisco Antonio Méndez

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, dio a conocer un Plan Integral de Soluciones para el Sector Eléctrico, como un aporte en la búsqueda de soluciones a la problemática del sector. Sobre el particular, expresamos que el mismo era un ‘documento básicamente literario’, debido a que: i) estaba desactualizado, puesto que muchas de las alternativas propuestas estaban siendo implementadas; ii) que contenía un marcado sesgo en beneficio de los generadores signatarios del Acuerdo de Madrid; y iii) que contenía enfoques conceptualmente erróneos. Nuestra opinión le fue externada al Conep antes de su puesta en conocimiento público, en donde le sugeríamos que lo propusieran como un borrador de trabajo, debido a todo lo anterior.

Sin embargo, nuestra sutil caracterización del referido documento ha sido, calificada de ‘destemplada’. Por tal razón, entiendo que, para mejor edificación de la ciudadanía, conviene realizar algunas precisiones. Lo primero es que compartimos muchas de las recomendaciones contenidas en el documento. Diferimos en los matices y en el timing de aplicación, si se quiere. Por ejemplo, estamos de acuerdo con El Plan de Ayuda para Reducir Pérdidas. En este sentido, entendemos que se debe seguir apoyando los esfuerzos de las distribuidoras para que continúen incrementando el Indice de Recuperación de Efectivo, actualmente cercano al 64%. Por consiguiente, apoyamos la creación del Fondo Fiduciario, y saludamos la iniciativa del sector privado de aportar recursos financieros para el rescate definitivo de la solvencia financiera del sector. Durante esta administración, el gobierno ha destinado más de US$200 millones para la realización de los planes de inversión propuestos por el Conep. Luego, esto demuestra que la decisión gubernamental ha sido la correcta.

De igual manera, apoyamos la propuesta de reducción del costo de abastecimiento de las distribuidoras y la creación de una mesa de combustibles (segundo punto). En este sentido, es conveniente que se sepa que, debido a la crisis de costo generada por los astronómicos incrementos en los costos de los hidrocarburos, el gabinete eléctrico, ha venido tomando iniciativas tendentes a abaratar los costos de las distribuidoras, y por consiguiente del subsidio gubernamental. En este sentido, en coordinación con la SIE, la CDEEE, han venido contratando la adquisición de combustible para los generadores del sector, en condiciones ventajosas para el Estado. Más de 300 mil barriles de Fuel Oil ya han sido transferidos bajo estos términos, y se coordina la logística para las subsiguientes entregas hasta fin de año. De esta manera, se ha logrado un ahorro en el subsidio estatal de alrededor de US$3 millones. O sea, que estamos hablando el mismo idioma.

Del mismo modo, tampoco tenemos desacuerdos básicos en cuanto a la reestructuración y traspaso de las distribuidoras y la aplicación de la tarifa técnica (tercer punto). Aquí lo único a resaltar: i) es que, como gobierno, estamos obligados a sanearlas financieramente, como sugiere el Conep para luego proceder a cualquier esquema de administración privada; ii) que el diagnóstico pasa por alto las ineficiencias de Edeeste y sólo hace mención a Edenorte y Edesur, lo que sugiere un enfoque muy parcial; iii) que la aplicación de la tarifa técnica sólo es posible hacerla de manera escalonada, en función del plan integral en ejecución, so pena de constreñir aún más las finanzas de las distribuidoras en desmedro del Estado. Como se puede observar, no hay discrepancias sustanciales con el plan en ejecución.

Ahora bien, nuestras diferencias fundamentales están centradas en la conclusión, asumida por el Conep, de que no existen evidencias de que el Acuerdo de Madrid haya afectado el sector. Craso error que parte de una equivocación fundamental, y que, por consiguiente, favorece el status quo y reivindica esta funesta componenda. No por casualidad, el prohijador del Acuerdo de Madrid, el PRD ha asumido su defensa. De manera particular, llegar a esta conclusión debido a que los precios actuales del mercado spot se asemejan a los de Madrid, es un error conceptual, ya que no toma en cuenta que el actual mercado spot es un mercado castrado, en donde no fluyeron las inversiones competitivas en generación por este gran IPP -1,200 MW- concertado en el 2002.  Los signatarios de Madrid no tenían intereses de invertir porque ya tenían todo el mercado amarrado.  Y los nuevos inversionistas no tenían espacio para competir. Como muestra dos botones: i) Si el Acuerdo de Madrid no tuviera sobreprecios, no se hubiera renegociado exitosamente Palamara-La Vega; y, ii) El sobrecosto por indexación de combustible, asumido por el Estado con el Fondo de Estabilización de la Tarifa, cuando el FO#6 llegó a US$106.6/barril, quintuplicó el precio base de la energía, ascendiendo a US$57 millones.